LA JUSTICIA EN COLOMBIA

 

 

LA SUSTANCIA HUMANA DE LAS INSTITUCIONES

APROXIMACIONES

 

 

OBSERVACION PREVIA: Esta entrada ha sido provocada por la lectura de un documento compartido en correo abierto esta mañana y cuyo contenido trascribo al final de la nota.

 

 

 

Hace algunas décadas ejerciendo la profesión de abogado en los campos del derecho penal cuando asistí a una asamblea en el Auditorio de la Universidad Autónoma Latinoamérica de Medellín convocada por varios “colectivos” de abogados entre ellos el Tribunal Superior y pare de contar, con una nutrida asistencia de jueces, profesores de derecho, funcionarios públicos, abogados litigantes, se trataba allí de reaccionar por los asesinatos en que empezaban a aparecer de manera “sistemática” como víctimas administradores de justicia.

El crimen en que fue víctima la colega y amiga, Juez de Instrucción Criminal, Ana Cecilia Cartagena, especialmente apreciada entre el gremio despertó a los practicantes del derecho en el área penal, sirvió de motivo para la convocatoria.

Cuando uno de los convocantes, si mal no recuerdo un magistrado de la sala penal, propuso a manera de conclusión del evento que se exigiera del ESTADO (gobierno) la PROTECCIÓN DE LA VIDA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD de los funcionarios de la Justicia, no pude guardar silencio y expresé lo que sentía afirmando públicamente que me parecía tan absurda la propuesta como si los bomberos pidieran al Estado los protegiera del fuego.

Agregué que la ocasión era propicia no para hacer de plañideras sino para proponer un examen autocrítico acerca de como el quehacer concreto, la forma concreta como se ponía en funcionamiento “la justicia” , era uno sino el más importante factor desencadenante de violencias en el país.

Al salir de la reunión con la frustración por el silencio que finalmente dio cierre a la reunión sin que se tomara otra decisión que la de un comunicado condenando el asesinato de la funcionaria judicial, comente a varios compañeros profesores de UNAULA y a algunos estudiantes de derecho que allí estaban, que en mi concepto la justicia colombiana era una prostituta y que podía así decirlo no por haberlo leído sino por haber andado con ella en los burdeles.

Así las cosas que me hiciera a la malquerencia de patéticos funcionarios al servicio del aparataje judicial del régimen, no era de extrañar. “A ese abogado no le trabajamos en este despacho” llegaron algunos a acuñar como consejo a mis clientes.

Es claro que en la profesión de Abogado hay verdaderos sabios, hombres y mujeres de elevadas virtudes intelectuales, preocupados por cumplir principios o postulados que indiscutiblemente marcan una historia compleja de los ordenamientos jurídicos, pero que hay otra “masa” de arrimados a los saberes jurídico-políticos para sobrevivir o supervivir, eso es otra cosa.

Entre los estudiantes y egresados de las facultades de Derecho existen individuos que contra viento y marea procuran no contaminarse del régimen, estudiantes de derecho y abogados que en lugar de acercarse a la agencia de empleos llamada directorio político se sumergen en la doctrina y la jurisprudencia para enriquecer su capacidad de vivir y realizarse en ámbitos que los comprometen con valores como la vida, la justicia, la libertad, etc.   Estas realidades no podemos negarlas pero no por ello podemos cerrar el intelecto a la comprensión y la denuncia de un sistema que poco honor le hace a esos valores.

Hoy he vuelto entonces a preguntarme por lo que sugiere la siguiente imagen:

 

 

 

COPIA/TRASCRIPCIÓN DEL CORREO RECIBIDO Y PROVOCADOR DE ESTOS APUNTES:

 

 

 

El 25 de agosto de 1.962, es decir, hace 47 años, apareció un cadáver sobre la carretera que de Mateguadua conduce a Rio Loro. El diligente inspector de Policía, avisado del hecho, apresuradamente juramentó y posesionó a dos peritos y, en compañía de su secretario, emprendió la penosa labor de hacer el levantamiento de occiso.

Así comenzó lo que podría llamarse la aventura idiomática-forense- judicial más singular de que se tenga conocimiento por estos lados. No solo por la intensidad de la escena de sangre que se describe, sino también por la riqueza descriptiva, el uso libérrimo del lenguaje y la precisión deductiva de los investigadores.

Todo esto quedó plasmado en las actas cuyas imágenes presiden este post, prueba gráfica indiscutible de que nuestro medio judicial ha evolucionado. Levemente, pero ha evolucionado. Así que nos hemos dado a la tarea de extraer y destacar algunos apartes de este intrigante caso policíaco. La ortografía, copiada fielmente, es parte del encanto:

Objeto de la diligencia:

“… diligencia de levantamiento de un cadáver que fue allado muerto allí y que fue visto por unos campesinos que pasaban y al verlo que no se movía y que estaba encharcado de sangre lo reconocieron como muerto y avisaron al suscrito inspector…”

Descripción general, estado civil y profesión del occiso:

“…se encuentra sobre una charca de sangre el cadáver de un individuo de sexo masculino de unos 48 años de edad aproximadamente, al parecer casado porque tiene una argolla de matrimonio en el dedo anular de la mano izquierda, de profesión mecánico porque la ropa la tiene untada de grasa quemada, de piel morena tirando a negra, flaco, carepalo y medio canoso, y de unos 1,60 metros de altor, desconociéndose mas datos sobre la personalidad del muerto por tratarse de un hombre forastero y sin amistades en la región…”

Peculiaridades del cadáver:

“El cadáver del difunto se encuentra bocarriba, con la boca abierta y los ojos cerrados, con la cabeza medio ladiada como mirando un guanábano en completa producción, con el brazo derecho estirado hacia un lado y como saludando a alguna persona y el brazo izquierdo en estado de reposo, los pies semicruzados como haciendo el numero 4 (cuatro) y en aptitud totalmente rígida…”.

Descripción de las heridas:

“… presenta un machetazo en la cabeza que arrancó desde la raíz de la oreja hasta parar levemente en la altura del cráneo, otro en la quijada inferior con estracion dental de dos molares y un raigon, otro en el pecueso que le alcanzó a afectar un escapulario de trapo completamente borroso, otro en la paleta izquierda que alcanzó a llegar hasta cerca del espinazo, otro en la región del nalgatorio que le interesó mayormente la nalga derecha y parte del guesito de la alegría, otro en el cuadril derecho y dos en la canilla derecha…”

Otra peculiar anotación:

“Se ve claramente que los autores del asesinato no le pegaron mas machetazos al cadáver porque seguramente vieron que el muerto había dejado de existir…”

Esta antológica pieza forense demuestra que desde hace mucho tiempo la investigación judicial en Colombia estaba y continua .....“como mirando un guanábano en plena producción”.

O no?

 

 

(PVAR)

 

 

ANEXO ALGUNOS ARTICULOS DE VIEJA DATA SOBRE EL TEMA

(Como se trata de archivos .jpg o graficas cuyo contenido se hace difícil leer en esta página, sugiero copiarlos y pegarlos en una página .doc.  y con una aplicación para gráficos …, si en verdad a alguien interesan sabrá leerlos y comentarlos críticamente)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen:

 

Los recientes acontecimientos por las “fallas” del sistema judicial colombiana, para nada me sorprenden, son la consecuencia lógica, natural, de unas especiales condiciones que marcan la historia del derecho y la justicia en Colombia.

 

 

Agregado el 10-01.2010

 

*****

 

 

Luego de haber escrito esta nota, siendo ya el domingo 10, al abrir los recomendados de SEMANA encuentro la entrevista hecha al Fiscal (e) en donde encuentro la coincidencia con mi planteamiento en el sentido que no es de la “dogmática” jurídico-penal de donde surgen buena parte de los problemas que comentamos sino de la calidad de quienes administran el derecho:

 

“"Nada más contarlo me descompone", dice el fiscal Guillermo Mendoza Diago en su oficina blindada en el búnker de la Fiscalía. Él, que siempre ha hecho gala de esa particular tranquilidad cartagenera, se nota molesto.
La frase salió a flote cuando se le preguntó por el fiscal de Barranquilla que, a pesar de las contundentes evidencias, no detuvo a Samuel Viñas, el empresario que mató a su esposa el 31 de diciembre. Pero ese caso no era el que lo tenía molesto. Mendoza estaba más enojado por lo ocurrido con el llamado 'Pedro Orejas', uno de los nuevos zares de las esmeraldas, que quedó en libertad también al cierre del año. "¡Cómo una fiscal va a dejar vencer los términos para acusar a 'Pedro Orejas'!", exclamaba indignado.

Lo peor es que casos como los de Viñas y 'Orejas' se presentan esporádicamente. Hace unos días también se vio enfadado a Mendoza porque le tocó intervenir para evitar que quedara en libertad uno de los acusados por el atentado contra la secretaria de Educación de Nariño. Y cuando terminaba la semana, se destapó otro escándalo: un juez dejó en libertad por vencimiento de términos a 17 militares acusados por el caso de Soacha que destapó el pavoroso escándalo de los falsos positivos.
SEMANA: ¿El sistema penal acusatorio está haciendo agua?
Guillermo Mendoza Diago: No, de ninguna manera. El problema no es del sistema, sino de las personas que lo manejan. La Ley 906 prevé todos los mecanismos necesarios. Pero de nada valen las normas si yo como fiscal no las aplico como se debe, o no soy persuasivo en la audiencia, o no dirijo bien la investigación. Así como de nada valen las normas si, como ocurrió en el caso de los 17 militares de los falsos positivos o en el de los sindicalistas detenidos en el campamento de las Farc, un juez de control de garantías no se da cuenta de que los términos se vencieron por una causa justa y de todas maneras decide dejarlos en libertad.
SEMANA: ¿Hay fiscales que no están procediendo como se debe?
G.M.D.: Algunos están dejando vencer los términos y eso hay que investigarlo.
SEMANA: ¿Será que eso está pasando por corrupción?
G.M.D.: Se siente que hay manejos irregulares, pero uno no puede saber si es corrupción o falta de preparación de los funcionarios.”  (fuente citada)