POR SI NO LO SABIAS O SI LO OLVIDASTE

Con el ánimo de refrescar la memoria a quienes ya conocian de estas historias pero que por alguna razón las olvidan o reprimen en su recuerdo y, de otra parte, invitar a quienes por cualquier motivo y razón "no se han dado por enterados" a que apropien alguna información que les permita aterrizar en la Colombia real del 2008, me tomo la libertad de reproducir la introducción al documento "El Terrorismo de Estado en Colombia" :

INTRODUCCIÓN

Hablar de Terrorismo de Estado en Colombia para muchos parece ser una paradoja. Las autoridades colombianas se precian de ser "una de las más viejas y estables democracias de América Latina", sus gobernantes son elegidos mediante sufragio universal, existen partidos políticos y un parlamento, el último régimen dictatorial se registró en los años 50, desde 1991 rige una nueva constitución política con importante catálogo de Derechos Humanos, e incluso miembros de antiguos movimientos insurgentes hacen parte del aparato estatal.

Sin embargo, el terrorismo de Estado es una realidad en Colombia. Lo que comúnmente se conoce como "guerra sucia" y el fenómeno paramilitar son dos de sus expresiones. Las decenas de miles de personas asesinadas, los millares de torturados, los miles de desaparecidos y los cientos de miles de desplazados en la década de los 80 son un dramático registro de la existencia del terrorismo de Estado.

Esta dualidad "régimen de democracia formal" combinada con terrorismo de Estado ya había sido denunciada en 1986 por el entonces Procurador General de la Nación, Dr. Carlos Jiménez Gómez: " ...no rigen en Colombia una sino dos Constituciones: la que venden en librerías y farmacias, edición en rústica para uso de la generalidad de los ciudadanos, y otra venida sutilmente a pasos inaudibles y sigilosamente entronizada en el corazón de la sociedad del Estado, no se sabe cuando, ni cómo, ni por quién, de uso privativo de las Fuerzas Armadas.".

El modelo de la Seguridad Nacional

Desde mediados de la década de los 60 fue implementado paulatinamente un modelo de Estado, el de la Seguridad Nacional, caracterizado por una alta transferencia de poderes al aparato militar y concentración del poder en el órgano ejecutivo, y basado sobre la actividad criminal del Estado para contener el desarrollo de las luchas de los pueblos latinoamericanos, percibidas como una avanzada del "comunismo" contra la "civilización occidental y cristiana" dentro de una visión dicotómica del mundo.

Este modelo obedeció fundamentalmente a las directrices trazadas por el Pentágono sobre la defensa hemisférica frente a la llamada "amenaza comunista". Según las particularidades de cada país latinoamericano el modelo tomó diferentes formas: dictaduras militares, en unos casos, y regímenes de democracia formal, en otros. La doctrina fue evolucionando, asimilando las experiencias de guerras de liberación nacional, del concepto de "guerra limitada" se pasó al de "conflictos de baja intensidad".

Una de las premisas fundamentales de la doctrina de la Seguridad Nacional es la definición del "enemigo interno". Todo actor político o social que se oponga al estado de cosas existente es incorporado dentro de esa categoría. La destrucción del "enemigo interno" se vuelve el objetivo, sino el fin, supremo del Estado. Todas las fuerzas de la nación deben movilizarse a ese fin, y bajo la suprema égida del poder ejecutivo.

El Estado es entonces una inmensa máquina de guerra cuya función es destruir la "amenaza comunista" interna, y para ello debe movilizar todos los recursos de la nación. La población, recurso humano de la nación, debe ser encuadrada organizativamente para ese mismo fin. "El instrumento de la acción estratégica... sólo puede ser el que resulta de la integración de todas las fuerzas nacionales, de todos los recursos físicos y humanos de que dispone cada nación, de toda su capacidad espiritual y material, de la totalidad de medios económicos, políticos, psicosociales y militares que pueda reunir para la lucha, de su Poder Nacional en definitiva. Y es ese Poder, actuante desde el tiempo de paz... que deberá ser transformado, orientado...asumiendo a partir de entonces su componente militar, exteriorizado en las Fuerzas Armadas, el papel dominante./.../ Maximizar el Poder Nacional...he aquí un deber que no pueden esquivar, de ninguna manera las naciones.." escribía en los años 60 el General Golbery do Couto e Silva, teórico de la Seguridad Nacional y segundo hombre al mando de la dictadura brasilera en 1974.

Esta directriz de la Doctrina de la Seguridad Nacional tuvo su expresión en la adopción por todos los gobiernos latinoamericanos de leyes de "seguridad nacional": decreto 8944 de 1965 en Bolivia, ley 20.840 en Chile, ley 16970 de 1966 en Argentina, ley 48 de 1968 en Colombia, ley 348 de 1968 de Brasil, ley Orgánica de Seguridad y Defensa Nacional de 1976 en Venezuela, ley 275 de 1979 en Ecuador, etc... A través de estas leyes, en todo el hemisferio, se instituyó un similar sistema de "seguridad nacional": órganos supra gubernamentales de conducción de la Defensa Nacional, con un altísimo grado de participación de los militares, generalmente denominados Consejos Superiores de Defensa Nacional; organización y disposición de los recursos burocráticos del Estado para el desarrollo de ía guerra contra el "enemigo interno"; otorgamiento de enormes poderes a las Fuerzas Armadas y subordinación de los demás cuerpos de seguridad del Estado a éstas; regímenes de movilización nacional y organización paramilitar de la población etc....

"La insurgencia subversiva es otro tipo de lucha. En tal caso, se requiere de un nuevo tipo de estrategia, de una diferente clase de fuerza y, por tanto de una nueva y totalmente distinta especie de entrenamiento."3 afirmaría el presidente estadounidense J.F. Kennedy en la academia de West Point. Se abre así la era de la contrainsurgencia. Un pensamiento militar se irá elaborando para ese fin -inicialmente la doctrina de contrainsurgencia y posteriormente la teoría de los Conflictos de Baja Intensidad- y unas fuerzas se constituirán para implementarla y reproducirla- las Fuerzas de Operaciones Especiales, SOF-. "Las destrezas particulares y la capacidad de apoyo que los militares ofrecen para librar la Guerra de Baja Intensidad, se localizan principalmente en nuestras SOF"4 reconocería el secretario de Defensa de Estados Unidos, Gaspar Weinberger. Esas mismas fuerzas que protagonizaron la invasión a Grenada en 1983, y uno de cuyos oficiales, el teniente coronel W.B Taylor, afirmaría al Washington Post "nuestro oficio es matar gente y destruir cosas. A lo largo de los años 70 y 80, los fuertes Bragg, Gulick, Gordon, Campbell, Benning, Lewis, Konx, Blis y Stewart, sedes de las Fuerzas de Operaciones Especiales, forman los militares latinoamericanos en esa doctrina. El "manual de campo 31-20" de 1977, y el "field Manual 100-20 Low Intensity Conftict" de 1981, del Ejército estadounidense, se convirtieron en las biblias de los militares latinoamericanos 1981 y sus contenidos fueron vertidos a los manuales militares latinoamericanos.

El modelo en su dimensión hemisférica fue complementado con instancias de coordinación y promoción. La Conferencia de los Ejércitos Americanos -CEA- se instituyó como el ágora de concertación de estrategias para enfrentar la amenaza hemisférica, junto con la Junta Interamericana de Defensa. Alrededor de éstas gravitan una serie de organismos de coordinación sectorial, de intercambio de inteligencia, etc, así fueron apareciendo organismos como el COPECOM, la CECYTEM, etc... La Agencia Internacional para el Desarrollo, AID, se encarga de asegurar los recursos financieros para la implementación del modelo, mientras que agregados militares estadounidenses y misiones de asistencia militar cubren los aspectos técnicos.

Las instituciones de la Seguridad Nacional.

Colombia no fue ajena a este proceso. Partidos tradicionales y élites económicas concurrieron activamente a moldear este esquema de poder, con la particularidad de armonizarlo con un régimen de "democracia formal". Así se fue dibujando una estructura estatal ideada y concebida para el ejercicio racional, calculado y sistemático de la violencia como forma de hacer política, con visos de legalidad y apariencia de un régimen de Estado de Derecho.

Desde los años 60 fue expedida una abundante legislación que permitió estructurar el modelo del Estado de la Seguridad Nacional. Mediante los decretos No. 1705 de 1960,3398 de 1965 y 1537 de 1974, y la ley 48 de 1968, se creo el Consejo Superior de Defensa Nacional -CSDN-, máximo órgano de conducción del Estado en materia de seguridad nacional, integrado por el Presidente, varios ministros, el comandante de las Fuerzas Militares y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de éstas. Asimilado a una estructura de "comando general", el CSDN, presidido por el Presidente y el Ministro de Defensa, establece los objetivos de la seguridad nacional, define sus "enemigos", y señala los medios para alcanzar los primeros y eliminar o neutralizar los segundos. Sus resoluciones no son públicas, a diferencia de los demás actos de la administración. El CSDN es secundado por un "estado mayor conjunto", integrado por el Comando General y el Consejo de Política Económica y Social -CONPES-, en cuyo seno están representados los gremios industriales, financieros y económicos del país. La Administración pública, en todos sus órdenes, es organizada en cinco frentes de lucha: interno, externo, económico, militar y técnico científico.

La estructura es complementada con un amplio arsenal de poderes y facultades atribuidos a las Fuerzas Militares, que a lo largo de las décadas de los 70 y los 80 se han ido acrecentando desmesuradamente. Así, el Decreto 3398 de 1965, más conocido como Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional, y posteriormente la ley 48 de 1968, subordinan los demás cuerpos de seguridad del Estado6 al mando de las Fuerzas Militares. Igualmente, estas medidas otorgan la facultad a las Fuerzas Militares de movilizar a la población civil, de organizaría para efectos de la Defensa Nacional, y dotarla de armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares. Hasta 1987, las Fuerzas Militares estuvieron investidas de poder para enjuiciar civiles, lo que les permitió a lo largo de varias décadas criminalizar la oposición política y social del país, o sea ai "enemigo interno". Como lo afirmaría el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Alfonso Reyes Echandía, el juzgamiento de civiles por tribunales castrenses se convirtió en una de las expresiones de la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia.

Los poderes de investigación de las Fuerzas Armadas se fueron paulatinamente incrementando, fundamentalmente a través de la atribución de las Facultades de Policía Judicial a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional. Ello ha permitido al aparato militar un máximo de eficiencia represiva y fortalecer su red de inteligencia, como cuerpo autónomo dentro del Estado. Por un lado estas facultades de investigación han permitido el accionar criminal del Estado, revistiendo de una aparente legalidad operaciones clandestinas y encubiertas de los organismos de inteligencia y viabilizando el despliegue de actividades de inteligencia previas a la comisión de los crímenes. Por otro lado, han posibilitado que estos crímenes queden impunes, retroalimentando así el terrorismo de Estado.

Esta transferencia permanente de poder a las Fuerzas Armadas se hizo fundamentalmente bajo la égida de las facultades de excepción del Estado de Sitio. La casi totalidad de estas normas siguen vigentes en el ordenamiento legal. Como en el pasado, cuando mediante la ley 48 de 1968 se adoptaron como legislación permanente 25 decretos que constituían el cuerpo legal de la Doctrina de la Seguridad Nacional, en 1991 un bloque importante de las medidas de excepción que en los últimos años apuntalaron este modelo fue convertido en legislación permanente por el Gobierno Nacional, en virtud de la nueva Constitución.

"Colombia en un conflicto de baja intensidad"

Este título dado por el Ministro de Defensa en 1989, General Manuel Guerrero Paz, a una de sus intervenciones públicas8 no hace más que reflejar el grado de compenetración de las Fuerzas Armadas de Colombia con la Doctrina de la Seguridad Nacional y sus desarrollos de las teorías de la guerra contrainsurgente y de los conflictos de baja intensidad. En ella, el Ministro de Defensa, bajo la inspiración del pensamiento del general Golbery Do Couto e Silva, afirmó: "Para que la acción antisubversiva alcance este objetivo (destruir al enemigo) debe contar, como premisa insustituible, con la absoluta voluntad del mismo Estado de aplicar en la lucha la totalidad de su poder disponible en los campos político, económico y social...".

La enseñanza de estas doctrinas es uno de los ejes fundamentales de la formación impartida a los oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Todavía más, y como expresamente lo reconociera el Ministro de Defensa General Rafael Samudio Molina"1, la instrucción de estas doctrinas constituye una de las actividades centrales de la Escuela Superior de Guerra e igualmente se imparte a civiles provenientes de importantes sectores empresariales a través, entre otros, del "Curso de Orientación sobre Defensa Nacional - CODENAL" sobre "las generalidades de la doctrina sobre seguridad nacional, el campo militar y la amenaza subversiva en Colombia".

En los últimos 25 años la "Revista de las Fuerzas Armadas" ha publicado, edición tras edición, artículos y estudios de militares estadounidenses, latinoamericanos y colombianos sobre la Doctrina de la Seguridad Nacional y las teorías de la guerra contrainsurgente y de los conflictos de baja intensidad.

Estas han moldeado el pensamiento militar colombiano y se han constituido en el faro ideológico de las Fuerzas Armadas.

El "enemigo interno" en Colombia.

"La guerrilla es apenas un apéndice de la subversión y tiene una importancia menor de la que generalmente se le atribuye; el peligro, en un proceso subversivo, lo constituye lo que los insurgentes han denominado la guerra política o sicológica. Este tipo de guerra está encaminada a tomar el control de los núcleos humanos; a fanatizar al pueblo con ideologías extremistas; a conformar organismos que se encarguen de manipular las masas..." escribió en 1987 el coronel Orlando Zafra Galvis. Las fuerzas revolucionarias "comienzan con un indetectable proceso de infiltración del Estado y del cuerpo social. Implantan células expansivas en puntos neurálgicos: sindicatos, centrales obreras, magisterio, universidades, medios de comunicación, aparato judicial...." concluía en 1988 el general en retiro Alvaro Valencia Tovar. Todo actor político o social que se oponga al status quo ingresa automáticamente a la categoría de "enemigo interno".

Para las teorías de contrainsurgencia sólo hay amigos y enemigos: es una guerra total. "En la guerra moderna el enemigo es difícil de definir... el límite entre amigos y enemigos está en el seno mismo de la nación, en una misma ciudad, y algunas veces, dentro de la misma familia...Todo individuo que de una u otra manera favorezca las intenciones del enemigo, debe ser considerado como traidor y tratado como tal" prescribe un manual del Ejército colombiano.

Centrales sindicales, movimientos populares, organizaciones indígenas, partidos políticos de oposición, movimientos campesinos, sectores intelectuales, corrientes religiosas, grupos juveniles y estudiantiles, asociaciones de vecinos etc... son entonces el blanco a destruir. Todos son, como lo afirmaría el General Luis Carlos Camacho Leyva, Ministro de Defensa de la administración Turbay (1978/1982), el "brazo desarmado de la subversión". Igualmente los organismos de Derechos Humanos ingresan en la categoría del "enemigo interno", e incluso los jueces que intentan investigar los crímenes cometidos por militares son acusados públicamente de ser el "brazo jurídico de la subversión".

El concepto de "enemigo interno" se amplió a todo actor de "desorden social", extendiéndose así a todos aquellos individuos que ocupan roles marginales en la sociedad. Así desde mediados de los años 80, indigentes, mendigos, prostitutas, desempleados, gamines, pequeños ladrones se convirtieron en el blanco de asesinatos sistemáticos, fenómeno conocido bajo el patético nombre de "eutanasia social" o "limpieza social".

Las estrategias de la represión

Las estrategias represivas implementadas para destruir a ese "enemigo interno" han ido cambiando: en cada momento se han combinado diferentes métodos represivos, unos amparados bajo ciertos visos de legalidad y otros típicamente criminales. Así se ha señalado que en la década de los 70 prevaleció una estrategia basada las detenciones y los allanamientos masivos, el procesamiento de civiles por tribunales castrenses y el uso sistemático de la tortura, y respaldada en una serie de medidas legales. La máxima expresión de este modelo lo constituyeron las administraciones de los presidentes Alfonso López Michelsen (1974/1978) y Julio César Turbay (1978/1982). Esta represión "legal" coexistió con operaciones militares de gran envergadura en zonas rurales, en donde el Ejército desplegó un poder de aniquilamiento de la población, como la práctica del asesinato político y de la desaparición. En esa década se registraron 60.325 casos de detención y 1.053 asesinatos políticos.

En los primeros años 80, la estrategia represiva cambió: los mecanismos "legales" de represión perdieron su importancia, y se afianzó la criminalidad estatal. La práctica sistemática del asesinato político y de la desaparición, y posteriormente de las masacres, se vuelven el eje de esta estrategia así como la actividad paramilitar y las operaciones encubiertas o clandestinas de los organismos de inteligencia del Estado. De 260 asesinatos políticos registrados en 1981 y de 525 en 1982115), se llega en 1986 a un promedio mensual de 126.6 asesinatos políticos(16). Así mismo, entre 1980 y 1986, son desaparecidas 844 personas. En 1986, se registraba un promedio mensual de 10 desaparecidos. Entre 1988 y 1991, se registraron 2.289 asesinatos políticos, 6.263 asesinatos por razones presumiblemente políticas y 744 desapariciones "8). Se ha calculado que durante la década de los años 80, se registraron 12.859 casos de asesinatos políticos y que fueron desaparecidas más de 2.000 personas.

Con la consolidación de la Jurisdicción de Orden Público, instrumento judicial de contrainsurgencia que permite una máxima criminalización de la oposición política y social, en 1988 la utilización de medidas legales para implementar "la guerra total contra el enemigo interno" vuelve a aparecer en la estrategia represiva. Pero ésta vez estas se combinan, y en forma accesoria, con accionar paramilitar, las actividades encubiertas de las Fuerzas Armadas, y las operaciones bélicas en los campos. Como un monstruo a dos cabezas, guerra sucia y represión dentro de la "legalidad" se convierten en el nuevo paradigma del terrorismo de Estado. Así, los años 80 significaron la consolidación del terrorismo de Estado en Colombia.

La doctrina de la guerra sucia.

Esa política de eliminación y destrucción del "enemigo interno" implementada a través del asesinato y desaparición sistemática de todos aquellos individuos que encajen en esa categoría, ha sido llamada igualmente "guerra sucia". Esta ha descansado en dos pilares fundamentales: las operaciones encubiertas o clandestinas de las Fuerzas Militares y el accionar paramilitar. Estas son el centro neurálgico de la concepción contrainsurgente del Estado y en particular de sus Fuerzas Militares. Documentos oficiales de las Fuerzas Militares y manuales del Ejército enseñan su importancia y ordenan su implementación.

En cuanto a las operaciones encubiertas existe abundante literatura militar, "todas estas actividades - escribe el coronel Zafra Galvis al referirse a la guerra sicológica o política de la subversión -, que a la larga contribuyen al desgaste del Estado y facilitan la toma del Poder, deben ser controladas por los organismos de inteligencia. El grado de clandestinidad y los diferentes niveles en los que opera esta importante parte de la subversión, obliga a la sociedad y al Estado a que se defiendan y empleen sus cuerpos especializados para controlar todas aquellas organizaciones del aparato subversivo no armado...". Hay que golpear a las "organizaciones de fachada" y a la "población civil que apoya voluntariamente o no a la subversión", para ello el coronel Zafra recomienda "interrogatorios, allanamientos, operaciones abiertas...y operaciones clandestinas" .

La tortura también es doctrinariamente aceptada como un método legítimo en esta guerra. El Ejército colombiano en uno de sus textos de enseñanza reproduce las consideraciones sobre la tortura formuladas por el coronel francés Roger Trinquier. "Pero es necesario que él -escribe Trinquier al referirse al insurgente detenido- al ser tomado prisionero no sea tratado como criminal ordinario ni como un prisionero hecho sobre el campo de batalla. En realidad, lo que buscan las fuerzas del Orden que lo han arrestado no es castigar un crimen... sino como en toda guerra, la destrucción del ejército adversario o su rendición. Se le pedirá... informaciones precisas sobre su organización./.../En este interrogatorio no irá asistido por un abogado. Si da con facilidad las informaciones pedidas, inmediatamente se terminará el interrogatorio; sino especialistas deberán por todos los medios arrancarle el secreto. El deberá entonces como el soldado, afrontar los sufrimientos y seguramente la muerte que pudo evitar hasta ahora".

Los manuales de las Fuerzas Militares abundan en disposiciones sobre operaciones encubiertas, creación de grupos paramilitares, etc. Así por ejemplo, en el manual "Instrucciones generales para operaciones de contraguerrilla" de 1979 se pueden encontrar el siguiente tipo de disposiciones: recomendaciones sobre el uso "de agentes clandestinos de civil, que cumplan y simulen acciones de bandoleros" y la realización de operaciones sicológicas como el "boleteo al personal de lista gris o negra que no quiere colaborar con la tropa, para obligarlos a que se descubran; atemorizarlos haciéndoles creer que están comprometidos y que deben abandonar la región".

"Si una guerra limitada convencional entraña demasiados riesgos, entonces las técnicas paramilitares pueden proveer una manera segura y útil que permita aplicar la fuerza a fin de lograr los fines políticos" se señala en la edición No. 83 de 1976 de Revista de las Fuerzas Armadas'. Corno expresamente lo manifiesto en 1988 el Ministro de Defensa, General Manuel Jaime Guerrero Paz, "el concepto de baja intensidad no hace relación al objetivo que normalmente es tan trascendental como el de una confrontación de alta intensidad, sino a las tácticas y procedimientos empleados, entre los cuales es connatural a su modus operandi el terrorismo, arma fundamental para el dominio de la población por el terror...".

Creados desde de los años 70 bajo el amparo del Estatuto Orgánico de Defensa Nacional (decreto 3398 de 1965 y ley 48 de 1968) con el nombre de "autodefensas", los grupos paramilitares se enmarcan dentro del modelo de la Seguridad Nacional, como un instrumento auxiliar del Ejército de implementación de la estrategia contrainsurgente y de los conflictos de baja intensidad, para asegurar y mantener el control local de la población y del territorio. Los manuales del Ejército son claros en este punto: todos ordenan crear estos grupos.

Los reglamentos de combate de contraguerrillas expresamente ordenan crear estos grupos. En su versión de 1969 se puede leer los siguientes apartes: "la junta de autodefensa es una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos guerrilleros que aparezcan en el área o para operar en coordinación con tropas en acciones de combate... (o en zonas de no combate) para prevenir la formación de grupos armados... Una red de juntas de autodefensa, controladas por el Mando militar, representa un instrumento poderoso para la defensa de la nación contra ataques exteriores o interiores. Su organización debe, por lo tanto, estar bajo la dependencia militar en todo momento./... (el Ejército debe) prestar el apoyo necesario para su adquisición (de armamento) y expedición de salvo conductos. En algunos casos pueden dotarse gratuitamente...se pueden dotar de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares"".

Ese mismo manual en su edición de 1987, expresamente señala: "La guerra de contra insurgencia, llamada también contra revolucionaria o anti subversiva, es aquella que lleva a cabo el gobierno apoyado por una gran porción de la población civil de un país empleando acciones políticas, económicas, sicológicas, militares y paramilitar contra las fuerzas insurgentes para prevenir o eliminar el proceso revolucionario y garantizar que no vuelva a presentarse". Este manual prescribe la creación de los grupos paramilitares, con funciones de tanto defensivas como ofensivas en el plano militar, de ocupación de territorio y control y registro de la población, etc....
Igualmente el "Manual de combate contra bandoleros o guerrilleros", ordena la creación de las juntas de autodefensas. "Organizarías, instruirlas y apoyarlas debe ser un objetivo permanente de la Fuerza Militar... Las juntas de autodefensa proporcionan información. Niegan áreas al enemigo. Suministran guías para las operaciones militares. Patrullan sus propias zonas. Suministran apoyo logístico a las patrullas. Cumplen misiones de inteligencia y contrainteligencia... Su colaboración y esfuerzos se retribuyen con municiones para revólver y escopetas, dinamita, salvoconductos, patrullaje militar...".

El manual "Instrucciones generales para operaciones de contraguerrilla" de 1979, expresamente considera como uno de los "factores que influyen positivamente en las operaciones de orden público., la organización de grupos de autodefensa a nivel de caserío y veredas con el fin de que los habitantes del área contribuyan en forma activa en la lucha".

Hoy día importantes regiones están bajo control de grupos paramilitares, con el directo apoyo del Ejército. Pero el fenómeno, como todo el de la guerra sucia, no es exclusivamente militar. Hay que anotar que, desde los años 80, importantes sectores de empresarios cafeteros e industriales, ganaderos y latifundistas, así como de los partidos políticos tradicionales se sumaron al paramilitarismo. Posteriormente, sectores de narcotraficantes entraron a apoyar grupos paramilitares.

El terror como política de Estado.

"El ejercicio criminal del poder supremo del Estado, sin estar sometido a control alguno, mediante un sistema organizado y alentado desde sus estructuras para el logro de sus fines es lo que se ha dado en llamar Terrorismo de Estado". Esto es precisamente lo que ha existido en Colombia en las últimas dos décadas: eliminación sistemática de los opositores, criminalización de amplios sectores de la población, práctica masiva del asesinato político y de la desaparición, generalización de la tortura, poderes exorbitantes de los cuerpos de seguridad, legislación de excepción, etc....

El terrorismo de Estado en Colombia es una realidad: tiene sus instituciones, su doctrina, sus estructuras, sus disposiciones legales, sus medios e instrumentos, sus víctimas, y sobre todo sus responsables. Los primeros se conocen, los últimos no. Este es un aporte para ponerlos al descubierto."