“CAMINO DE LA TRAGEDIA NACIONAL”

 

 

 

 

UN VALIOSO APORTE PARA CONOCER Y ENTENDER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES POLÍTICOS EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

 

La visita del Padre Álvaro Eduardo Betancur Jiménez  recibida con gusto y sorpresa   en mi oficina el pasado viernes 29 de enero provocó en mi ser un emotivo reencuentro con la historia del drama colombiano pues no otra cosa puedo decir de la entrega-obsequio del libro que de su pariente el ex-Procurador general de la Nación con el correspondiente saludo de quien no dudo en tener como una de personalidad admirable que dio un vuelco al Ministerio Público en los años 80 distinguiéndose por su compromiso con la dura faena de construir cultura ciudadana y derechos humanos.

Fui testigo en mi práctica como abogado y activista en defensa de los Derechos Humanos en esa época de inicios de los 80  de las ejecutorias de Jiménez Gómez así que sin mas preámbulos ni comentarios trascribo el capitulo de presentación e invito a la lectura reflexionada o reflexiva de ese documento-testimonio de gran valor para avanzar en lo que algún día esperamos se produzca y es establecer la responsabilidad de los actores políticos en el conflicto armado.

No se trata únicamente de establecer responsabilidades individuales sino de avanzar en la comprensión de los contextos que las expliquen, las hagan comprensibles y permitan una adecuada evaluación y juzgamiento poniendo a prueba los desarrollos conceptuales del Derecho Penal y del Derecho Penal Internacional tratándose de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra como los que se han producido y se producen en nuestra historia.

 

Resulta entonces pertinente traer a la discusión los supuestos teóricos que vienen desarrollándose en el campo del Derecho Penal Internacional muestra de los cuales tenemos en el trabajo del Profesor Kai Ambos acerca de la responsabilidad individual en el DPI:

 

“Existen dos motivos por los cuales la imputación de cierto resultado criminal de la conducta de una persona requiere un tratamiento diferente bajo el DPI del que recibe del derecho nacional. Por un lado el DPI, como se mencionó, está basado en diferentes tradiciones jurídicas. Por otro lado, y más específicamente, los crímenes internacionales (genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra) se cometen en
cierto contexto colectivo y necesitan -fuera de los delitos subsidiarios o de los actos individuales (Einzeltaten)- un contexto internacional adicional (Gesamttat) de ataque contra cierto grupo con la intención de destruirlo (genocidio), una acción sistemática o generalizada (crímenes de lesa humanidad) o un un conflicto (internacional o interno) armado (crímenes de guerra).

Este "contexto" adicional es un elemento que complementa la clásica imputación individual. En otras palabras, para demostrar los denominados “core crimes”, el DPI requiere la imputación a una persona (mediante la relación entre el agente y el resultado criminal), así como un elemento colectivo: la imputación a una organización (criminal) que muchas veces, aunque no siempre, es el Estado. Desde esta perspectiva se pueden distinguir dos modelos de imputación: por un lado, un modelo sistémico9 -no solamente individualista- y, por otro lado, un modelo de imputación doble10 por el cual los componentes individual y colectivo / sistémico (imputación individual y colectiva) no operan en esferas paralelas sino que están mutuamente relacionados. Lo que se requiere, entonces, es una perspectiva doble: primero, la perspectiva colectiva que se centra en el elemento del contexto común a todos los partícipes, esto es, el contexto criminal objetivo más allá de lo individual. Segundo, este contexto puede ser imputado total o parcialmente a los partícipes individuales mediante reglas de imputación concretas que aún están por establecerse.

En este punto, se llega a una formulación clásica del Derecho Penal en el DPI, a saber: la individualización de la responsabilidad en relación con una situación delictiva específica (la escena del crimen), seguida por la determinación del rol, función, posición o estatus de los partícipes/acusados en la organización criminal y la calidad y peso de su contribución al contexto criminal o al crimen colectivo/grupal. Ambos aspectos -estatus en la organización y contribución concreta- determinan la calificación legal de la participación. Está claro que tal modelo de imputación se dirige primordialmente al nivel de jefatura de la organización, pues sólo los líderes pueden controlar y dominar la acción colectiva con total responsabilidad.11  K.A. o.c.) .”

 

 

 

“Carlos Jiménez Gómez

ESTE LIBRO

LA ENTREVISTA DE PANAMÁ Y EL DENUNCIO PARAMILITAR FUERON GRANDES VOCES DE PAZ

Me encuentro a veces por la calle con gente que nada sabe o poco entiende sobre la famosa entrevista de Panamá y sus implica­ciones en el tema de orden público. Veinticinco años después de ocurrido, el tema sigue siendo importante, no sólo por la trama de los hechos en sí mismos considerados sino por lo que, en un momento tan crítico, ellos y sus protagonistas significaron y pu­dieron haber significado para la vida del país. Y esto es lo de subrayar, que en vísperas de la gran tragedia nacional, hubiera habido quién la divisara desde lejos y quisiera anticiparse a con­jurarla.

Pero no es eso solamente. Cualquiera entenderá mi personal in­terés en dejarlo todo tan claro como fuere posible, no sea que la calumnia de hecho termine imponiéndose sobre la verdad de lo acontecido. Porque, ordenada por el Presidente de la República y ejecutada por un Ministro o por cualquiera, la entrevista de Panamá no hubiera pasado de ser una política, discutible o no, afortunada o impopular, y rectificable en cualquier momento de su ejecución o tentativa. Pero como ocurrencia, por sí y ante sí, de un Expresidente y de un Procurador aventurero que se van al exterior invocando falsos pretextos, a hacerse los encontradizos con una banda de mañosos para traerle al Gobierno una pro­puesta de impunidad, eso ya no tiene nombre. "Es que ese Ló­pez"... murmuraron sus enemigos, "Es que ese Procurador"... se dijeron los censores encubiertos de la lucha de la Procuraduría contra los estragos de la política en los asuntos más sagrados del país.

Pero aquí no se trata de un argumento personal. Como idea y como frustración nacional, la entrevista de Panamá es un ante­cedente histórico suficientemente importante para merecer una disección. Al que pregunte por qué y corno ocurrió aquello de que idea tan trascendental hubiera muerto en su primer momen­to, habrá que responderle que las manías de la pequeña política, y, sobre todo, los resabios de nuestros políticos, fueron los que echaron a perder una iniciativa que hubiera cambiado tantas co­sas en el manejo de nuestro conflicto. El trasfondo de fanatismo general, listo para trepar al escenario a la menor oportunidad, el abuso de esos grupos políticos y medios de comunicación que con su alarido ensordecedor confiesan desde el primer momento de la discusión su complejo minoritario, se sobrepusieron al in­terés nacional, e, incluso, como el desarrollo del proceso de paci­ficación y el del legislativo lo han ido probando después, al sim­ple sentido de realidad. Está claro que en el plano político, tanto como en el legal y judicial, una posición flexible y negociadora, no sólo se había hecho ya inevitable e inaplazable sino que ter­minaría abriéndose paso y, en materia judicial, generalizándose definitivamente.

La Procuraduría bajo mi mando dio, no una sino dos grandes voces de alarma en el tema de la paz. La primera, en febrero de 1983, fue su denuncio del paramilitarismo. Esa investigación puso en claro por primera vez su alianza con el narcotráfico. La defensa del campo había empezado a ensayarse como excusa y pretexto de la criminalidad.

La segunda, iniciada en mi Despacho en la entrevista con los grandes líderes del narcotráfico en octubre del mismo año y que después, en 1984, culminó con la entrevista de Panamá, fue mi paso decidido hacia una posición negociadora con el narcotráfi­co. Una y otra vía, tardíamente, vinieron a transitarse y fueron institucionalizadas por Gobernantes y Legisladores. Pero nadie reconoce la realidad de los hechos. Un caso como éste de la en­trevista, es un espejo en el que vale la pena que nos miremos. Enseña muchas cosas sobre la política y sobre el país.”

 

 

Texto citado, 1a. Edición, 2009. Editorial Kimpres Ltda. Bogotá D.C.

 

 

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Adendo:

Como complemento a esta nota reproduzco de la revista TRIBUNA PENAL,  No. 1 de 1983 algunos párrafos de ponencia que presentó entonces el Dr. Hernando Londoño Jimenez en los cuales se refiere a las expectativas que en esos años se tuvo en relación a la gestión del Dr. Carlos Jiménez Gómez :

 

“en esta grandiosa empresa de convertirnos en la voz de los torturados que no tienen a quién pedir clemencia, de los que no se pueden hacer escuchar, de todos los humillados y ofendi­dos por la sociedad deshumanizada e indiferente a las angustias del hombre; queremos ser la voz altiva de todos los que se sientan perse­guidos sin justa causa por las autoridades arbitrarias, de los que co­rren peligro de ser capturados o secuestrados para luego ser masacra­dos sólo porque son delincuentes. Recordemos con FEDERICO NIETZSCHE que "nuestro crimen contra los delincuentes es tratarlos como ca­nallas". Porque cuando así se tratan, agregamos nosotros, estamos fechándole más combustible a la hoguera encendida de la violencia, estamos su­ministrando el cálido de cultivo para nuevos crímenes, le estamos colo­cando un inri afrentoso al frontispicio histórico por donde aspiramos entre al año dos mil una generación sin tanto lastre de inmoralidad, de deshonra, de ruindad, de felonía. Que no por ello queremos todavía endosarle la cruda tesis de ALEJANDRO LACASSAGNE de que la sociedad tiene la delincuencia que se merece, o la más atemperada de GA­BRIEL TARDE de que la criminalidad es la sombra que proyecta cada sociedad. No. Nos resistimos a admitir que nos merezcamos tanto bal­dón y estigma.

Nuestra profesión de abogados penalistas nos mantiene inmersos en toda la problemática social, humana y criminológica del momento que vivimos. No somos unos simples defensores de delincuentes. Que si a eso se pudiera reducir nuestra misión en la vida, sería apenas una simple lucha por conseguir el pan de cada día. Pero no es así. Nosotros somos un símbolo, el de la libertad, tenemos una meta, la de­fensa de los derechos del hombre, llevamos una bandera, la del derecho, tenemos siempre un mensaje, el de la justicia. Los abogados, más que los grandes estadistas, son los que han construido el mundo, porque han sabido trazar los esquemas jurídicos sobre los cuales debe desenvolverse la vida de la sociedad y de las naciones. Somos los custodios de la legalidad, los fiscales de la administración pública, ejercemos cierta magistratura ante la rama jurisdiccional del poder público. Tam­bién somos los acusadores implacables contra el despotismo, contra la tiranía, contra la arbitrariedad. Jamás, por ninguna circunstancia podemos ser solidarios con quien viola un derecho, cercena una garan­tía, ultraja la libertad individuad o lo que es peor, le quita la vida al hombre sólo porque ha delinquido. Por eso el edificio del derecho no pudo levantarse sino con la amalgama de la sangre de quienes en los siglos lucharon por él, por su vigencia, por su respeto. Entonces noso­tros tenemos que estar con imperativos morales y espirituales más al lado de los desprotegidos de la sociedad y de las autoridades, del lado de los perseguidos sin justa causa, para velar porque si esa persecu­ción es por parte de la autoridad pública, se le respeten sus derechos, el derecho a no ser torturado, el derecho a que se mantenga incólume su dignidad humana, el derecho a que no se le nieguen los medios de defensa, el derecho a que si está acusado de algún delito, se le siga el debido proceso y se le imponga la pena justa, si es declarado cul­pable, o que se le absuelva si es inocente. Que puedan tener la seguri­dad plena de que cuando por cualquiera que hubiere sido la causa legal de su excarcelación, esa boleta de libertad no lleva implícita la partida de defunción, cuando como ha ocurrido, al salir del centro de reclusión y cuando apenas empieza a respirar los nuevos aires de la libertad, es atrapado, secuestrado y después asesinado cruelmente, sin piedad, sin misericordia. Por ello tenemos que ser como el órgano receptor de sus esperanzas, ser como la concha acústica en donde tenga resonan­te eco, audiencia pública, la voz de las familias angustiadas por la tri­bulación y amargura de que el padre, el hijo, el hermano, el esposo no regresaron un día a sus hogares, desaparecieron misteriosamente sin dejar más huellas que las de sus cadáveres arrojados a los mulada­res de nuestra ciudad, que en eso se han convertido nuestros caminos, las avenidas que desembocan a la urbe ultrajada y escarnecida.

Tenemos entonces que rescatar la ciudad del abismo a que la ha precipitado el crimen. Para ello contamos con la ayuda del señor pre­sidente de la República, doctor BELISARIO BETANCUR, Esta es su ciudad amada, a ella está unida su existencia por el cordón umbilical de sus más caros afectos. Sabemos de su alma inmensa y de su generoso co­razón. Si ayer lo vimos llorando sobre los escombros de la ciudad sa­grada de Popayán, porque la naturaleza desató sus furias contra ella, y prometió solemnemente reconstruirla, levantarla otra vez de entre sus ruinas y su dolor, cómo no va a podernos devolver la imagen de nuestra ciudad buena, abroquelada en su fe, abrazada a sus costumbres, cuando no es la naturaleza la que se ha enfurecido y ensañado contra ella, sino la mano maldita del hombre que todos los días derrama san­gre inocente sobre su rostro afligido. También invocamos la gestión del señor Procurador General de la Nación, doctor CARLOS JIMÉNEZ GÓMEZ, porque ésta es también su ciudad predilecta, no sólo por los hi­los de la sangre que lo unen a esta tierra, sino también por las voces del pasado que se acrecientan en su recuerdo de familia, de amigos y de muchas querencias. Si fue capaz de asombrar al país, de despertar la dormida conciencia de todo un pueblo, por su valor civil de investigar y descubrir al "MAS" (muerte a secuestradores), sabemos que ahora es capaz de hacer lo mismo, cueste lo que cueste, investigando y descu­briendo al Escuadrón de la Muerte, el de aquí, el de Uraba, el de Puer­to Berrío y demás ciudades y lugares de la República, para que por este aspecto tan infamante no nos sigan comparando con Brasil, con Chile, con la Argentina. Veintiocho millones de colombianos se lo van a agradecer. También el doctor ANTONIO J. DUQUE ALVAREZ, Di­rector Nacional de Instrucción Criminal estará al frente de esta formi­dable empresa, con mística y consagración imperturbable, para que la batalla que se va a iniciar contra el crimen no resulte estéril e infecunda. Lo mismo el señor Ministro de Justicia, doctor BERNARDO GAITAN MAHECHA, porque si ayer movió dramáticamente la acción de la Pro­curaduría General de la Nación para que fuera revocada la amnistía que favoreció con la libertad a quienes fueron condenados por la muerte de una monja ilustre, esperamos que esa misma acción se haga sentir ahora contra la impunidad de que están gozando los autores de tantos crímenes atroces, ya que las víctimas de ellos, como vidas, valen lo mismo que la de la monja benemérita, valen igual a la de cualquiera de nosotros, por elevado que sea su rango, así aquellas víctimas sean los peores delincuentes.

La misión pastoral también debe hacerse sentir, la de los conduc­tores de la grey, los orientadores del aprisco. El Excmo, Cárdenal AL­FONSO LÓPEZ TRUJILLO bien sabe que su decidida acción apostólica y su iluminada palabra evangélica pueden abrir surcos de paz, proyectar horizontes de bienandanza en este túnel de indignidad y de oprobio en que se quiere encerrar a nuestra ciudad. Recordemos no más lo que pudo hacer en la martirizada y ofendida ciudad de Pereira, el Excmo. Arzobispo DARÍO CASTRILLON. Allí también funcionó el azaroso Es­cuadrón de la Muerte. Hasta los jóvenes raponeros eran marcados con tinta indeleble para ser fácilmente identificables en las antesalas de la muerte. Allí hubo una especie de Herodes criollos que se propusieron acabar hasta con los adolescentes porque cometían delitos contra la propiedad privada. Y este jerarca que no se contenta con las simples oraciones, con las meras plegarias para pedir por nuestros pecados, se ha convertido allí en el gran defensor de los Derechos Humanos, con decisión, con valentía, corajudamente, cojonudamente, si lo queréis. Por eso lo pongo de ejemplo en esta emocionada invocación que con palabra estremecida le hago al Excmo. Señor Cardenal López Trujillo. Por eso terminamos diciéndole filialmente desde esta tribuna, que por el significado más hermoso y evangélico de que la fe mueve montañas, que la suya venga ahora a mover a esta montaña grandiosa de Antioquia, es decir, a sus gentes, para que el horrible holocausto no siga manchando su rebaño, y para que nosotros, sus hijos espirituales ten­gamos en su cayado de pastor la brújula de 'nuestras más grandes es­peranzas.”

(TRIBUNA PENAL. Revista del Colegio de Abogados Penalistas de Antioquia, Medellín, 1983).

 

 

 

MI   TESTIMONIO

 

 

 

Lectura de carta al Dr. Héctor Abad Gómez, leída en CARACOL  por el comunicador social Gonzalo Medina Pérez. Año 1983

 

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