martes, 1 de junio de 2010

CARTA ABIERTA A PETRO Y A MOCKUS

 

No soy miembro de organización política alguna, públicamente he expresado simpatía por los movimientos de los cuales Uds. son lideres y candidatos presidenciales;  he expresado acuerdos y desacuerdos con los planteamientos públicos de Uds., y esta carta que espero lean sin sentirse “obligados” a dar una respuesta pues lo hago como simple mortal, mamífero, implume habitante de este planeta que si bien identificado en mi ser con la Heimat de mis antepasados, amo, respeto, admiro, esta tierra colombiana y sus gentes, sus potencialidades y me duelo, solidarizo y avergüenzo de su drama, con sus victimas y por sus crímenes.

 

Seguí de cerca cada debate televisado, los repasé y compartí mis reflexiones con mis alumnos en el curso de Constitución Política, y sin animo de fungir de maestro o tutor, de orientador y sin pretensión de ofertarme como consultor de Uds., aprovecho este recurso de las TICs , para decir que las opciones que creo muchos esperabamos diferentes en relación al CONFLICTO ARMADO y temas conexos por ejemplo las vulneraciones al DIH, los crímenes de lesa humanidad y el fuero militar, fueron asumidas por Uds., con diferencias explicables, de manera superficial, “ligera”, así que les sentí enredados cuando hablaron en uno de los últimos debates de la guerra como si ella fuera imposible de jugarse limpio y no teniendo una opción diferente que la de continuar la que se vive en Colombia, dejaron en el aire la impresión de no ser Uds., ninguno de Uds., el COMANDANTE  ideal, capaz y dotado de la fuerza interior para cumplir eficiente y eficazmente la función constitucional de la conducción de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas.

 

No pretendo tener LA solución sobre la compleja relación de la guerra y la política, de la violencia y el poder estatal, en este país, pero si y de tiempo atrás he vivido y pensado como actor y como académico esa relación observando, estudiando, comparando, y algo desde mi interior me lleva a digitar estas notas compartiendo un momento de ese mi ejercicio y vivencia del conflicto que me permite decir que si es posible conducir limpiamente de la guerra, precisamente eso va con la recuperación del HONOR militar mancillado en la historia colombiana contemporánea cuando gobiernos nada santos han comprometido a los integrantes de las Fuerzas Armadas en  actos contrarios a los valores que informan al militar o al policía so pretexto de la defensa del Estado.  Restablecer y fortalecer el FUERO MILITAR puede ser el medio para hacer viable esa oportunidad de recuperar ese honor y ganar el respeto no solamente de los colombianos sino de la humanidad, además será el juzgamiento de los militares por los militares mismos la puerta para establecer la RESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES POLÍTICOS en esta degradada guerra.

 

Les invito entonces a leer estas notas:

 

FUNCIÓN POLICIAL - ESTADO DE DERECHO – DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO


PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN (EL PROBLEMA)

¿Resulta compatible el respeto a los derechos humanos en general  y al derecho internacional humanitario en particular, con la guerra y con la guerra irregular (CAI) en particular?


APROXIMACIONES A UNA RESPUESTA

La respuesta que desde nuestra perspectiva académica damos a la cuestión planteada es un claro SI ES POSIBLE DICHA COMPATIBILIDAD, además de posible es conveniente como oportuna es toda acción tendiente a su cumplimiento.

Partimos del reconocimiento de los cambios que se han venido produciendo en el planeta desde el año 1989 cuando se hizo ostensible la crisis del hasta entonces llamado SISTEMA SOCIALISTA MUNDIAL que constituyó uno de los polos de la confrontación conocida como GUERRA FRIA.  Esta crisis y la disolución de la Unión Soviética y el cambio de rumbo de las hasta entonces “Democracias Populares” de Europa Oriental, marcó la descomposición y desaparición de la BIPOLARIDAD que caracterizó la confrontación CAPITALISMO – SOCIALISMO (COMUNISMO).
A partir de ese momento se ha apreciado en marcos del fenómeno complejo de la GLOBALIZACIÓN una marcada tendencia hacia la DEMOCRATIZACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS POLÍTICO-ESTATALES FUNDADAS EN LOS DERECHOS HUMANOS.

En una ya vieja publicación de la Defensoría del Pueblo (Divulgación Nr. 14) se expresó con buenos fundamentos que EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y LA LÓGICA MILITAR NO SE CONTRADICEN SINO QUE SE COMPLEMENTAN (pag. 45 documento Defensoría).

El que nos ocupemos de esta lógica en un dialogo con miembros de la Policía apenas resulta pertinente dadas las particularidades del Conflicto Armado Colombiano y el hecho innegable que, en sentido contrario al mandato constitucional, la FUERZA DE LA POLICIA NACIONAL que por definición no es MILITAR, se encuentra igualmente comprometida en el ejercicio de la guerra al igual que las FUERZAS MILITARES (Ejército, Armada, Fuerza Aérea).


ALGUNAS CONSIDERACIONES BÁSICAS SOBRE LO POLÍTICO-MILITAR

A Carl von CLAUSEWITZ conocido como el filósofo de la guerra se debe la siguiente afirmación:

“LAS TRANSFORMACIONES DEL ARTE DE LA GUERRA SON UNA CONSECUENCIA DE LA CAMBIANTE POLÍTICA, Y LEJOS DE EVIDENCIAR CON ELLO LA POSIBLE SEPARACIÓN DE AMBAS, LO QUE HACE ES CONSTITUIR UNA PRUEBA DE SU UNIDAD INTERNA.”

La relación entre GUERRA Y POLITICA debe ser examinada bajo tal perspectiva: una relación que excluya la separación. La guerra por más que parezca aberrante y una continuación de la locura humana,  es un ACTO POLÍTICO, un hecho político pues compromete la sustancia misma del Estado que no es más que la política más allá de lo simplemente partidista ya que compromete todas las fuerzas de la colectividad, de la Nación o el Estado.

Planteadas así las cosas resulta apenas lógico que los cambios impuestos a las construcciones político-constitucionales del Estado colombiano, no puedan quedar fuera de los delineamientos de la estrategia en lo cual la determinación de los objetivos y los fines del accionar militar (para nuestro caso también policivo dado el hecho ya mencionado de comprometimiento de la Fuerza policial con las FFMM) debe ajustarse a los valores constitucionales y a las exigencias de democratización y garantía para el goce de los derechos fundamentales.

La referencia a esta relación POLÍTICA-GUERRA se explica en tanto la realización de la planteada concordancia y hasta complementariedad DERECHOS HUMANOS – DIH – GUERRA supone (exige para su cumplimiento) la superación de ciertos paradigmas POLITICO-MILITARES generados en las condiciones de la Guerra Fría y de una marcada dependencia de nuestras FFMM respecto a los dictámenes de la potencia dominante en nuestro hemisferio.

De la lectura realizada por décadas de artículos o estudios de analistas militares puede uno derivar consensos con una afirmación de la cual tomé nota años atrás (sin la referencia precisa del escrito o fuente en el cual se encuentra)  pero que me parece de especial pertinencia para este ejercicio a que nos convoca la Región Tres de Policía: “las concepciones vigentes de seguridad se han convertido en un verdadero obstáculo para el logro pleno de la democracia y la vigencia de los derechos humanos” (Juan Somavia/José Manuel Insulza).  En nuestro caso, Colombia, es evidente que salvo excepciones, el estamento político dominante y que ha apropiado el manejo de la maquinaria Estatal (gobierno) el deseable cambio de mentalidad no se ha producido y por lo contrario en el discurso de los gobernantes sigue apareciendo vigente el esquema intolerante y excluyente de la guerra fría.

La alternativa no puede ser entonces otra que de la de una REFORMULACIÓN del concepto de SEGURIDAD el cual bajo los supuestos de una sociedad democrática se entiende como SEGURIDAD DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE COMPONEN LA NACIÓN; IMPLICANDO LA AUSENCIA DE RIESGOS O AMENAZAS FÍSICAS, LA EXISTENCIA DE CONDICIONES MÍNIMAS DE INGRESO, VIVIENDA, SALUD, EDUCACIÓN Y OTRAS.

El reto que enfrentamos no es un reto de parroquia o local. Acercarse a otros paradigmas del quehacer policivo más ajustado a la norma constitucional constituye o debe constituir necesariamente un propósito de integrarnos a las más avanzadas y civilizadas tendencias de desarrollo de la llamada COMUNIDAD INTERNACIONAL . La lectura de los documentos y propuestas que la  POLICIA NACIONAL ha venido divulgando en materia de Derechos Humanos, al igual que la realización de ejercicios como el que hoy nos convoca la Coordinación de DDHH de la REGIÓN TRES DE POLICÍA, nos permite concluir que se marcha con buena voluntad y decisión en esa dirección y bien sabemos que el camino a recorrer no estará libre de obstáculos.

No es pues inconcebible una FUERZA DE POLICIA, unas FUERZAS ARMADAS, cuya misión sea asumida como la de la plena defensa y garantía de los derechos fundamentales acogidos como sustancia del ESTADO SOCIAL DE DERECHO esbozado en la Carta Política de 1991.

Hace ya una buena cantidad de años (febrero 15 de 1996) fui invitado a una conversación con el cuerpo de oficiales del Batallón de Infantería No. 4 Batalla de San Mateo sobre el tema del DIH. Entre los documentos consultados en ese entonces para sustentar nuestro punto de vista desde la academia se encontraban afirmaciones que hacían explicito el compromiso del mando militar con las instituciones constitucionales que no precisamente con los gobernantes de turno. Era esto expresión de una forma de conciencia que infortunadamente no ha tenido el despliegue y vigencia deseable.  Los conceptos de ESTADO – GOBIERNO – RÉGIMEN son confundidos todavía y no es extraño que so pretexto de la defensa del Estado simplemente se está defendiendo un régimen que desconoce cuando no es que vulnera los principios de ese Estado Social de Derecho que deseamos muchos colombianos.

Positivo ha sido el que se hayan producido reiteradas directivas o instructivas a la Fuerza Pública para garantizar el derecho ciudadano a disentir y  manifestar públicamente su inconformidad con la acción de los gobernantes. Esto permite alimentar cierto optimismo sobre la viabilidad de cambios hacia una mejor calidad de vida.

Para el logro de lo anterior puede resultar conveniente partir del supuesto que el integrante de la Fuerza Pública tiene no solo el DEBER sino también el DERECHO a examinar la compatibilidad de las pautas y quehacer de los gobernantes con los principios constitucionales, entendiendo al militar y al policía como CIUDADANOS EN UNIFORME como ciudadanos con derecho a objetar actos o hechos concretos de los gobernantes basados esos cuestionamientos en razones de constitucionalidad.

De lo expresado y a manera de sugerencia respetuosa, resulta oportuno pensar e invitar a:

1.    Revisar los concepto de la no deliberancia y de no participación en política concebidos en los años 50.


2.    Considerar la posibilidad de establecer el derecho de OBJECIÓN DE CONCIENCIA para los integrantes de las FFAA.


3.    Establecer el principio de la corresponsabilidad penal en lo que hace relación al uso de la fuerza.


Guillermo Aníbal  Gärtner Tobón, Profesor Asociado UTP
Actividad realizada en el Auditorio del Comando de la Policía
Avenida de las Américas,  Martes 11 de Agosto de 2009”

 

ACLARACIÓN NECESARIA:

No se trata de generar una conspiración ni invitar a quienes están en servicio activo a participar en este debate político violando disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. No obstante hasta el 20 de junio bien valdría la pena generar acercamientos a las asociaciones de oficiales y suboficiales en retiro, a las familias y amigos de los militares y policías.

***

1 comentario:

ciudadano dijo...

FUERZA PUBLICA - ESTADO DE DERECHO
¿Deliberar es lo mismo que reflexionar y comprometerse sobre el alcance de la constitución y la ley? O, en otras palabras, ¿no deliberar es abstenerse de reflexionar y comprometerse sobre el alcance de la constitución y la ley?
La respuesta lógica y primaria es no; lo uno dice de la necesidad de conocer los límites de la actuación del Estado y sus servidores y lo otro se refiere a aquellos actos, reflexiones y manifestaciones que conducirían a impedir, frenar o demorar la toma de decisiones por parte del sistema o un órgano del sistema político.
El que los miembros de la fuerza pública (y en general todos los servidores del estado) sean informados, racionalicen y controviertan - aún con sus superiores jerárquicos - acerca de cuáles órdenes y actos autónomos son inconstitucionales o ilegales o violatorios de los derechos humanos y fundamentales, no es un acto de contenido proselitista, aunque la función de protección del sistema es una acción política neta.
Saber, aplicar y defender los mandatos normativos está por encima de las inclinaciones partidistas y se inscribe en los deberes del servidor público.
El que la Constitución Política de Colombia disponga que la fuerza pública no es deliberante, significa que ellas se alinean (subordinan), con el Estado-Gobierno, independiente de la orientación ideológica del mismo, siempre que la asunción al poder del Presidente sea el resultado de una decisión legítima del pueblo-elector. No deliberar, entonces es inhibir la posibilidad de obstrucción política que conduciría a impedir, frenar o demorar la toma de decisiones por parte del sistema o un órgano del sistema político.
Podría decir, sin mayores esfuerzos, que dicha tesis es válida teóricamente en tanto lo que se pretende es sustraer a la fuerzas militares y a la policía de una vinculación afectiva con un movimiento político determinado, que lo llevara a colisionar con el Presidente-partido gobernante. Digo teórica porque el oficial, el suboficial y el soldado (profesional o no), antes que soldados ha sido miembro de una sociedad, de una familia, de una tradición y una herencia cultural que le marca políticamente, y él, además, guarda una relación constante con agentes políticos que intervienen en su ascenso o retiro, con su labor cotidiana, así no delibere.