URIBE NO SALE EN DEFENSA DE LAS FFAA, SE ESTÁ ESCONDIENDO DETRAS DE ELLAS

 

 

 

 

 

 

Reproduzco a continuación el contenido de un correo en que se reúnen varias opiniones sobre un tema que marca la historia reciente de este país:

 

"Quién está por encima de la Ley ? Nadie !! le respondieron. Ni siquiera un monarca puede pretenderlo; Calígula lo hizo, y después no vivió mucho." 

Inclusive en las monarquías existentes, el monarca tiene que someterse a la Constitución y de ninguna manera se le considera por encima de ella, ni siquiera para cambiarle un articulito.
Opinión| 13 Jun 2010 - 8:54 pm
Una juez, una fiscal
Por: María Elvira Bonilla
ES UN EXPEDIENTE DE 303 PÁGINAS. Riguroso. Responsable.
La juez María Stella Jara reconstruye con testimonios ciertos y coincidentes lo que sucedía con quienes salían vivos de ese infierno de caos y de muerte que fue la toma demencial del Palacio de Justicia por el M-19. No les bastaban las horas de horror vividas. No salían a la libertad, debían enfrentarse a un ejército desesperado por encontrar responsables de la toma. Todos y cada uno de los 200 sobrevivientes eran sospechosos de complicidad con la guerrilla. Los trasladaban a la Casa del Florero, donde el coronel Alfonso Plazas Vega, miembro del Estado Mayor Especial, comandante de la Artillería, ejercía control y mando del edificio y de los rehenes que llegaban. Unos eran separados, clasificados con una “S” de sospechoso porque, según la valoración militar de sus declaraciones, no ofrecían explicaciones convincentes sobre el por qué de su presencia ese día en el Palacio, o por ser oriundos de alguna región con presencia del M-19 o, como siempre, por ser jóvenes o estudiantes. A los “S” los enviaban a la Escuela de Caballería, comandada por Plazas Vega. De 11 de quienes salieron con vida del Palacio, no se volvió a saber nada: siete eran empleados de la cafetería, tres visitantes ocasionales y una guerrillera.
El expediente, además de su fuerza argumental frente a una defensa que se basa exclusivamente en alegatos teóricos, para solicitar la prescripción de los hechos, o procedimentales, para desvirtuar los testimonios, está construido con base en pruebas fácticas aportadas incluso por algunos miembros de las fuerzas militares, que fueron testigos presenciales de los hechos. Describen crudamente las atrocidades y las torturas a que fueron sometidos los ciudadanos detenidos en las caballerizas de Usaquén, los señalados con la fatídica “S”. Describen sus trágicas muertes en medio de la crueldad de los excesos.
Al coronel Plazas Vega no lo acusa la Fiscal Ángela Buitrago ni lo condena la Juez María Stella Jara a 30 años de prisión por sus acciones en la retoma del Palacio, sino por lo sucedido luego con los rehenes, con los 11 desaparecidos que estuvieron a su cargo. Actos de responsabilidad individual sucedidos fuera de combate, que no cubren ningún fuero militar en el mundo, que deslegitiman la institución castrense, que necesitan ser castigados por los jueces y censurados socialmente.
El presidente Uribe, enceguecido por un resentimiento que no oculta por fallos judiciales que han afectando a personas cercanas a sus afectos personales o políticos, sale de nuevo a descalificar la acción de la Justicia, cuando su obligación como jefe de Estado es dar ejemplo: respetarla, acatarla y defenderla. Razón tiene la Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad judicial, cuando en sala plena rechazó las expresiones inapropiadas y la interferencia presidencial, recordándole, una vez más, la independencia de los Poderes Públicos. No se entiende cómo en un país que pide a gritos frenar la impunidad, cuando se imparte justicia, sea el propio presidente quien la ataque y descalifique. Menos mal y para bien y salvaguardia de la democracia, estamos frente a una Corte que, como la que pereció hace 25 años ese aciago 6 de noviembre de 1985, no se deja amilanar.
María Elvira Bonilla
Yolanda Reyes
El Palacio de Justicia
"Esta casa aborrece la maldad, ama la paz, castiga los delitos, conserva los derechos, honra la virtud." La inscripción al lado de la puerta del antiguo Palacio de Justicia que la periodista Ana Carrigan eligió como epígrafe para su libro El Palacio de Justicia: una tragedia colombiana (Icono, 2009) ya no existe. Al Palacio se lo tragó el fuego que muchos vimos un 6 de noviembre de 1985 y que jamás olvidaremos. ¿A qué demolición habrán ido a parar esas palabras? Mientras escribo, me imagino la D de derechos rota y alguna sílaba de "vir-tud" apilada entre mampostería, jirones de ropa de gente calcinada y peldaños destrozados de la escalera por la que trepó un tanque militar.
Así, como ese amasijo de destrozos, son nuestras imágenes de este duelo que aún sigue doliendo, debajo de una vieja cicatriz. Esa herida que a todos nos hermana y a la vez nos divide, la que heredaron nuestros hijos, como se heredan el color de los ojos, el timbre de la voz y las culpas que patinan por la sangre, nos partió la historia -no la Historia Patria, sino nuestra historia personal y simbólica- en antes y después-. El asalto guerrillero, la voz de Reyes Echandía, los magistrados y tantos otros muertos, y ese tanque irrumpiendo en el Palacio, destrozaron nuestras certezas esenciales.
En estos días de crispación, resulta esclarecedor leer a Carrigan: "Es raro que un solo evento pueda arrojar luces sobre toda una época: pero así fue la tragedia del Palacio de Justicia", afirma esta columnista de The New York Times. Su libro, publicado en inglés en Nueva York (1993), debió esperar 16 años hasta que una pequeña editorial colombiana tuviera la osadía de publicarlo. "Es todo un Estado que enfrenta al anónimo hermano de una desaparecida durante un cuarto de siglo", dice René Guarín, citado en el libro. Su hermana Cristina reemplazaba a la cajera por licencia de maternidad y hace parte de los "desaparecidos de la cafetería". Por lo que les sucedió después de haber salido -no por la cadena de locuras, omisiones e improvisaciones que documenta la rigurosa investigación de Carrigan, cuya lectura recomiendo- el Coronel Plazas acaba de ser sentenciado a 30 años de cárcel. Conviene tener claro ese detalle: no es por la retoma del Palacio, sino porque los sobrevivientes llegaron vivos a la Casa del Florero y luego "desaparecieron".
Así como regresan los fantasmas, resuenan en estos días las voces de esta historia sin final: las familias de las víctimas exigen al Presidente que acate los fallos judiciales y piden que les entreguen a sus seres queridos, "así sean hechos polvo"; los magistrados de ahora vuelven a pedir respeto por el ordenamiento de poderes, propios del Estado de Derecho. Sólo falta la voz del abogado José Eduardo Umaña, quien asumió la causa de estos desaparecidos, y que ya no dirá nada porque fue asesinado en 1998. Y sigo oyendo voces: "Nuestro ejército combate con un fusil en la mano y la Constitución en la otra" (J. M. Santos). "Cuando hay buena fe y cuando hay patriotismo, no hay espacio para el dolo. Se excluye totalmente el delito", (Á. Uribe). "¿Cómo blindar a las fuerzas militares contra los excesos de la justicia?" (Y. Amat). "Es un hecho en el pasado que nunca tuvo cierre" (F. Santos). Me queda sonando esa última frase y pienso que, para dar cierre, habría que pasar por el trance doloroso de resolver las preguntas de las víctimas y reparar lo irreparable. Saber qué sucedió, sin falsas lealtades, es la única forma de reconstruir las palabras del Palacio: "castiga los delitos, conserva los derechos".
Regreso al libro: "A las 8 de la noche, de acuerdo con lo prometido, comenzó por televisión la transmisión de fútbol". Ana Carrigan se refiere a ese partido con el que nos distrajeron de las llamas. Hoy, 24 años después, va a comenzar otro partido del Mundial del 2010. Y volvemos a tapar con goles las voces de los magistrados y los gritos de las víctimas. Como hicimos entonces, como hemos hecho siempre.
Yolanda Reyes
Opinión| 13 Jun 2010 - 8:58 pm
El país de las maravillas
Ser o no ser legal, he ahí el dilema
Por: Mario Morales
QUIZÁS TODOS TENGAN RAZÓN AL responder cuándo se jodió el país.
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Plinio, antes de su apetito diplomático, cuando dijo que había sido el 9 de abril de 1948, y Gloria Cuartas, al señalar el 5 de mayo de 1946, cuando los entonces jóvenes, hoy abuelos, no votaron para presidente por Jorge Eliécer Gaitán, no obstante su enorme simpatía popular.
O los que dicen que fue en el descubrimiento o cuando mataron a los próceres o cuando inventamos la guerra para solucionar los conflictos. O los que señalan los días negros de cada magnicidio de finales de siglo pasado: Galán, Cepeda, Pizarro, Lara, Cano, Garzón, o los recientes de chuzadas y falsos positivos.
Me incluyo entre quienes sostienen que el día de la vuelta de tuerca, en los años recientes, fue el 6 de noviembre de 1985, cuando se fracturó la institucionalidad con la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia, cuyas crueles verdades y efectos apenas estamos conociendo.
Por eso resulta providencial, como dicen esos abuelos abstencionistas arrepentidos, que, previo a la segunda vuelta presidencial, se hubiera proferido el fallo contra el coronel (r) Plazas Vega, y que, más allá del hecho particular, se reabra el debate, que suma 200 años, entre el irrenunciable respeto por la ley y el uso acomodado del marco jurídico según necesidades, rabietas o veleidades de los gobernantes.
Lo que ha estado en juego, y lo estará el domingo, es si nos anotamos al proceso de construcción de un Estado de Derecho, plenamente constituido y avalado por sufragantes y elegido, o si nos mantenemos, porque así estamos, en ese umbral de manga ancha de todo vale porque todos caben.
Mimetizar en una colcha de retazos, con acreedores que son eficientes cobradores por ventanilla, una pretendida unidad nacional es aplazar la constitución del acta jurídica digna, permanente e inviolable que dé fe de nuestro nacimiento como nación.
El voto del 20, no obstante el pesimismo que quieren inculcar ciertos comentaristas piloto, a sabiendas de que abstención y apatía favorecen y legitiman sus intereses, no sólo es expresión de ciudadanía, es también la oportunidad de terminar esa racha, que marca nuestra historia, de momentos en los que se ha jodido el país.
www.mariomorales.info, www.twitter.com/marioemorales
Mario Morales
La libertad y la seguridad
Opinion
Rudolf Hommes
2010-06-14 00
El conflicto entre el respeto a los derechos humanos y la eficiencia de las acciones contra el terrorismo es universal. En Estados Unidos, Obama y sus seguidores fueron muy críticos de la doctrina que aplicaron los republicanos en el gobierno de George Bush que, contraviniendo la tradición de ese país de respeto a las libertades civiles y los derechos humanos, permitía o toleraba procedimientos de interrogación que no se distinguen de la tortura física o sicológica. Para quienes crecimos con la idea de que eso no sucede en las democracias la modificación de procedimientos ha sido refrescante, aunque en la práctica se ha moderado el impulso y el alcance de esos cambios.
Para el nuevo gobierno de Inglaterra, encontrar la fórmula que les permita dominar al terrorismo sin sacrificar los valores tradicionales de una sociedad liberal pluralista se ha vuelto discusión pública porque los socios de la coalición de gobierno tienen posiciones diferentes sobre los derechos humanos. Los conservadores tradicionalmente le han dado prioridad a la seguridad nacional y ahora a la seguridad interna. El "permiso para matar" que Ian Fleming le había atribuido a James Bond posiblemente no era una figura que provenía de la imaginación del escritor sino de su conocimiento del servicio secreto de su país.
Pero los liberales demócratas (los Lib Dems) tienen otra perspectiva y han sido muy críticos de las desviaciones o violaciones de las leyes que se llevan a cabo con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. La revista The Economist (mayo 22 a 28, 2010) dice que los líderes de los tres partidos dominantes en Inglaterra se consideran fieles defensores de las libertades civiles pero tienen diferencias en lo que se refiere al balance adecuado entre libertad y seguridad. Los dos partidos en el gobierno difieren sobre temas como el derecho de los terroristas a apelar la deportación a países donde pueden ser torturados o asesinados; y los conservadores están pensando en reemplazar el estatuto de derechos humanos vigente en Inglaterra, que es derivado de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, por una ley inglesa menos liberal que a los Lib Dems no les llama la atención. Esta iniciativa puede dividir a los miembros de la coalición.
Es probable que, con excepción de Canadá, los países nórdicos, y posiblemente Japón, los otros países industrializados sean más relajados y haya menor tensión sobre estos asuntos que en Inglaterra. Francia y Alemania no tienen una historia inmaculada de respeto a los derechos humanos, aunque en años recientes sí ha habido preocupación en esas sociedades sobre los abusos del Estado y la restricción de las libertades. Alemania e Italia tuvieron que combatir bandas de revolucionarios urbanos radicales y omitir ciertas restricciones legales para dominarlas. En España, el Presidente y varios miembros de su gabinete estuvieron implicados en prácticas antiterroristas ilegales.
En Colombia la tradición ha sido tener leyes que garantizan el respeto a los derechos humanos, pero tolerar desviaciones y violaciones, aun en materia grave. Hasta ahora no se había formado un cuerpo civil de opinión con masa crítica para moderar los abusos que se cometen en el nombre de la seguridad y el orden. El activismo de las cortes en este frente, la súbita irrupción de la ‘ola verde’ en la escena política y el compromiso de Mockus de no permitir ni un solo ‘falso positivo’ más auguran un importante cambio de actitud con amplias repercusiones y nuevos desafíos para el gobierno y los militares que están muy molestos, especialmente por la condena del coronel Plazas Vega, a pesar de que la desaparición de personas no tiene justificación.”