¿ASEGURAMIENTO DE LA DEMOCRACIA O SEGURIDAD DEMOCRÁTICA?

 

En una descuidada carpeta a punto de caer en el recipiente para reciclaje encontré dos escritos que no puedo ahora recordar si los envié entonces a algún medio y si algún medio los recibió y publicó.

Los dos escritos son anteriores a la constituyente de 1991 y están muy probablemente “impregnados” de emociones y pensamientos provocados en buena parte por los acontecimientos de que estaba siendo testigo en el viejo continente en la patria originaria de mis antepasados.  La “caída del muro”  provocó la reconsideración de lo hasta ese momento era tomado como el curso de la historia fijado por la confrontación de los dos grandes sistemas del socialismo y del capitalismo.

 

 

DEMOCRACIA COMO SEGURIDAD.

(Por Guillermo Aníbal Gärtner Tobón)

Volver, volver, volver,... dice la conocida canción y una vez más en estas líneas queremos retomar el tema de la necesaria y posible reforma de las instituciones armadas colombianas.

El carácter imperativo del cambio resulta no solamente de la observación de las condiciones nacionales para pensar en replanteamientos tácticos y técnicos sino también y de una manera no poco significativa de las transformaciones en la arena mundial que impone para todos los países de la "comunidad" internacional replanteamientos estratégicos y de los marcos políticos funcionales de la fuerza pública.

Carlos J. Moneta ,argentino ex director alterno de Consulta y Coordinación del SELA ha planteado bajo el titulo "Pensamiento y acción latinoamericanas ante las fuerzas armadas" algunas propuestas que merecen difusión en nuestro propio país y con mayor razón ahora en la época pre-constituyente.

Los requerimientos básicos para una modificación de las relaciones cívico-militares y para la compatibilización de los intereses de seguridad y defensa, serían entre otros ,la transformación de las "fuerzas de leva" en fuerzas reducidas y altamente profesionalizadas con disposición de medios modernos y adecuados; poner en marcha un modelo de "foros vinculantes" como fundamento de un sistema latinoamericano de defensa endógeno con miras a establecer luego un foro hemisférico lo cual ,en nuestro concepto, sería fundamental para superar el sistema interamericano de defensa existente y el cual simplemente constituye un vehículo de dependencia frente a los intereses hegemónicos norteamericanos bajo unos supuestos geo-estratégicos que hoy con las modificaciones operadas en las relaciones oriente-occidente resulta en verdad obsoleto y carente de sentido; modificación de los planes de formación profesional estableciendo una orientación hacia la integración con la sociedad civil; diseño de un sistema de defensa que vincule al poder legislativo, al ejecutivo y las fuerzas armadas ,con un efectivo control parlamentario; otorgar prioridad a la modificación ideológica y doctrinaria que contribuyan a la superación definitiva de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional.

Importante en lo escrito por Moneta resulta la referencia o remisión que hace a propuestas del ecuatoriano Fernando Bustamante en el sentido de que las transformaciones necesarias y posibles no deben pensarse en sentido unidireccional "hacia" el estamento armado sino también y en buena parte hacia la clase política, pues según sus palabras, "el sector civil debe comprender y ser capaz de articular las nuevas necesidades de participación de los militares en el sistema político y social". En otras palabras la adecuada reinserción de las fuerzas armadas en el cuerpo social requiere de inteligencia y voluntad política de la sociedad civil y de una reformulación de mecanismos de funcionamiento, de valores y de estructuras del poder civil.

Los Constituyentes del 91 deben así entonces ocuparse seriamente del tema militar-institucional y con seriedad tratar el tema de los derechos políticos de los militares. Superar las primitivas consideraciones de que "otorgar el voto a los militares lleva implícito riesgos que la república no debe correr, ni las Fuerzas Armadas aceptar" con argumentos tan peregrinos como que "la vida cuartelaria no ofrece muchas oportunidades para ilustrarse sobre el acontecer político ,y si el sufragante carece de información ,bien dará su voto a ciegas o pedirá consejo a sus superiores" (cfr.Valencia T.), es pues una tarea urgente como también requisito de primer orden para la dignificación de la condición de los oficiales, suboficiales y soldados como CIUDADANOS EN UNIFORME.

Seudoargumentaciones como que en un país altamente politizado como Colombia /'levantar la prohibición constitucional de votar mientras se permanezca en filas abriría la compuerta para que la política de partido invadiera los cuarteles", resulta tan peregrino como inconveniente para la necesaria modernización institucional de nuestra Patria. Esto es ignorar las posibilidades de un orden normativo que garantizando el ejercicio de elementales derechos ciudadanos garantice también el cabal funcionamiento de instituciones que deben valer como garantes de esos mismos derechos. Colombia no puede ahora ,en este momento que es un verdadero reto no solamente frente a nosotros mismos sino frente al mundo, pecar de falta de imaginación.

Los constituyentes del 91 deben superar el desinterés que la sociedad civil ha mostrado frente a los temas castrenses, los intelectuales que participen en esa Asamblea Constituyente tienen el deber de superar los prejuicios ideológicos y las actitudes negativas frente al estamento militar, solamente asi podremos decir que fuimos capaces de dar el paso decisivo de la llamada Seguridad Nacional a la DEMOCRACIA COMO SEGURIDAD.

 

 

DEMOCRACIA COMO SEGURIDAD (II)

(Por Guillermo A.Gärtner Tobón)

El logro del objetivo DEMOCRACIA COMO SEGURIDAD no es en verdad sencillo ni para los militares ni para los civiles pues, como es fácil reconocerlo, los "efectos de inercia" señalados por Carlos Moneta en escrito sobre las Fuerzas Armadas latinoamericanas en los años noventa, persisten con gran fuerza en el paradigma ideológico vigente. En efecto, el concepto de Seguridad Nacional continua subyaciendo en la identificación de amenaza al Estado-nación por parte de cualquier perturbación social y con ello persiste la estereotipización (sic) de identificar a los actores internos en los conflictos sociales como potenciales enemigos, como la célula cancerosa que se hace necesario eliminar.

El problema del cual hemos venido tratando no es un tema exclusivo para los militares sino que incumbe a toda la sociedad y por ello la urgencia de su amplia discusión en el momento mismo que en nuestro país se propone una reestructuración institucional. De la manera como se le asignen las funciones a las fuerzas armadas en la nueva Constitución nacional ha de depender en una buena medida el que ellas o faciliten u obstaculicen la consagración de condiciones necesarias para una adecuada adaptación de nuestro país a las mutaciones operadas a nivel internacional. Esas mutaciones además hacen que en la práctica las determinaciones que hasta el momento han enmarcado, por encima del mandato constitucional nacional,las funciones de la fuerza pública en las líneas del Sistema Interamericano de Defensa (SIAD) lo cual explica en buen grado la existencia de esa "dualidad constitucional" de que habló en alguna oportunidad el ex-procurador Jiménez Gómez , resulten definitivamente llamadas a recoger.

Pero no solamente se trata de que los Constituyentes del 91 estén prestos a mandar al basurero de la historia lo que la razón indica que allí se arroje ,sino también están obligados a prevenir que a nuestra casa se le arroje otra especie de basura que en alguna medida no insignificante ya ha empezado a contaminar nuestra existencia nacional. Es el caso de prevenirse contra las nuevas formas de la dependencia que a través del aparato militar-policivo ha venido formulando, aplicando y que quiere expandir el imperio gringo.

Ya no se habla tanto de "conflictos de baja intensidad" sino de conflictos de alta probabilidad y entre ello está lo que desde la XVII Conferencia de Ejércitos Americanos celebrada en Mar del Plata ha venido estando en la agenda como propuesta de los EE UU : La vinculación del fenómeno del narcotráfico con la insurgencia.

Para una discusión esclarecedora sobre el asunto bien vale la pena tomar en cuenta los siguientes argumentos del tantas veces citado profesor argentino cuando señala la conveniencia de que la existencia del narcotráfico sea apreciada sobre una base realista y con un sentido político por parte de los gobiernos latinoamericanos para lo cual y pese a todos los pasos ya dados por los EEUU para montarnos en su caballo de batalla existe aun un espacio conceptual y de maniobra ,política y práctica. Dice Moneta que "es fundamental precisar y delimitar el problema del narcotráfico, diferenciándolo en todo lo posible del narcoterrorismo y ubicarlo, doctrinaria y legalmente, en un contexto secundario del conjunto de percepciones y objetivos que movilizan y articulan el pensamiento y la acción de las fuerzas armadas de la región", agregando que ante esa situación compleja y cambiante que presenta facetas negativas con respecto a al consolidación de los procesos democráticos y de la autonomía regional, se hace preciso "evitar que el problema del narcotráfico se convierta en el eje central de articulación intralatinoamericana e intercontinental, según el nuevo diseño estadounidense".

Nuestro país nunca podrá alcanzar la anhelada modernización y democratización mientras continué aferrado a esa concepción de seguridad nacional que sería la misma de ayer con el único cambio de nombre del supuesto enemigo externo (el comunismo internacional) por el remoquete del "narcoterrorismo". Esto no implica desconocer problemas existentes a los cuales bien se ajusta la tal expresión ,pero ese es un problema que se debe resolver con criterios propios y no de acuerdo al ritmo que marque la batuta del norte.

El tema en verdad supera los marcos de las simples propuestas de reforma constitucional. Se trata de la definición de un marco político para la estrategia de defensa, y en ello la sociedad civil, el poder civil, debe expresar claramente su voluntad si en verdad se desea que los militares sean verdaderos servidores públicos, ciudadanos en uniforme subordinados a los intereses que la sociedad se ha trazado y no para que la sociedad civil continué siendo la permanente sorprendida por los requerimientos de guerras y tareas de represión dictadas desde fuera de las fronteras patrias. Aquí no es valido ni decir que se trata de cosas tan importantes para dejarlas en cabeza de los políticos ni de que sean tan trascendentes para dejarlas en manos de los militares, sino que se trata de asuntos tan vitales para la sobrevivencia nacional que NADIE, absolutamente NADIE, debe marginarse de la discusión. No se trata de un tema partidista, se trata si de un tema político-militar en el cual militares y políticos, como toda la población que será afectada por lo que se decida, debe expresar y dejar oír abiertamente su voz, la sobrevivencia nacional no puede ser un asunto de secreto militar ni de reserva estatal. Que el pueblo escuche los criterios de sus militares y que los militares se enteren de la voluntad soberana del pueblo, esa es la consigna.

 

Colonia, diciembre 17 de 1990